Nueve privados de libertad del penal de máxima seguridad del “El Abra”, denunciaron que fueron torturados además de ser encerrados en jaulas de perro.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió a la Fiscalía iniciar los procesos correspondientes en contra de los uniformados que cometieron las torturas a los reclusos.
REOS ENJAULADOS COMO PERROS
El pasado 26 de Abril de la presente gestión, nueve privados de libertad fueron golpeados y agarrados a palazos en todo su cuerpo, presuntamente por los uniformados de dicho recinto penitenciario.
Los reclusos denunciaron dichas torturas al director del penal pero la autoridad no tomó las acciones correspondientes, por lo que familiares de los reos, se dirigieron a la Defensoría del Pueblo a denunciar las agresiones.
Fue así que el representante del defensor del pueblo en nuestro departamento, Nelson Cox, se dirigió a la cárcel de “El Abra”, a iniciar las investigaciones.
Después de algunos instantes encontró a los privados de libertad con hematomas en su cuerpo, la autoridad defensorial pidió al comandante departamental de la Policía, iniciar los procesos contra los uniformados implicados además del director del penal, debido a que no actuó al tener conocimiento de las torturas que se cometen.
Por otro lado Nadia Cruz, manifestó que nuevamente se aproximaron al “Abra”, a verificar los avances de las investigaciones, se llevaron una amarga sorpresa, el gobernador del penal no movió ningún bolígrafo ni papel para iniciar los procesos contra los agresores.
Así mismo Cruz indico que además de las torturas, los privados de libertad son encerrados en jaulas de perros donde entran a empujones de los uniformados, este castigo es aplicado a los reos por denunciar agresiones psicológicas y físicas.
Cruz aseguró que existe evidencia de flagrantes omisiones y acciones de encubrimiento y negación pública de los hechos de supuesta tortura por parte de la Directora Departamental de Régimen Penitenciario, Pamela Suarez Aguilar, por lo que se pide a la Dirección General de Régimen Penitenciario, iniciar las acciones administrativas y legales que correspondan, a fin de establecer la existencia de responsabilidades con relación a las denuncias realizadas por los nueve privados de libertad.
También se recomienda al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional inicie acciones administrativas y legales que correspondan contra servidores públicos del Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET), ante el posible incumplimiento de deberes para garantizar el derecho a la vida la dignidad la integridad física psicológica y sexual de las personas privadas de libertad, de manera pronta oportuna.
