Resistencia decide no cortar el agua en K’ara K’ara

Luego de tapiar la alcaldía y la gobernación, exigiendo la renuncia de José María Leyes y Esther Soria, además de amenazar con cortar el suministro de agua en la zona de K´ara K´ara, los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) decidieron declinar su amenaza y no cortar el ingreso del líquido elemento a dicho sector ubicado al sur de la ciudad.
El líder de Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, aseguró que no cortarán el suministro de agua en la zona sur e indicó que no buscan confrontación en K’ara K’ara.
“El agua es un elemento vital el cual no vamos a cotar porque no estamos buscando enfrentamientos entre la zona norte y zona sur. Esta lucha es contra los delincuentes, las autoridades están cometiendo demasiados atropellos es por eso que pedimos que se retiren”, indicó Molina.
De la misma manera, aseguró que continuarán echando basura a los domicilios de las autoridades, tanto de la gobernadora Esther Soria, como del alcalde José María Leyes.
El pasado sábado, integrantes de la resistencia tapiaron el ingreso de la Alcaldía de Cercado y señalaron que impedirán el ingreso de carros cisternas a Kara Kara.
“Pedimos a la ciudadanía reúna su basura en un lugar y nosotros la vamos a recoger y botar en la casa del Alcalde y de la Gobernadora. No vamos a permitir focos de infección. Vamos a cerrar la entrada a Kara Kara y no vamos a permitir el ingreso de carros cisternas. No vamos a permitir sus chantajes”, indicó Molina a través de un vídeo.
De igual manera, ante las amenazas de la RJC, se pudo ver que en las redes sociales, algunas personas convocaban a vecinos de la zona de K´ara K´ara para hacer frente al grupo de jóvenes.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió hoy domingo a los hechos suscitados esta semana en K’ara K’ara y realizó dos recomendaciones al Gobierno.
En primera instancia le instruyó «garantizar los derechos y no criminalizar a los líderes». Esto respecto al arresto y traslado de tres bloqueadores «autoconvocados», que fueron llevados a La Paz con los cargos de sedición y atentado a la salud pública.