A pesar de la resistencia de los opositores, el Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó ayer en la madrugada en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley N° 218/2020-2021 “contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales”.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, precisó que la intención de esta normativa es unificar, ordenar y estandarizar las competencias que ya tenía la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en el marco de acuerdos internacionales firmados por Bolivia.
Sobre la base de esa justificación, legisladores del oficialismo defendieron la nueva normativa, anticipando que se aplicarán las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y se complementa a otra normativa similar sancionada en julio.
Esta ley, explicó el diputado Omar Yujra (MAS), “ordena, purifica, unifica y estandariza las competencias que tiene la Unidad de Investigaciones Financieras a nivel internacional”. El legislador aseguró que hubo un debate “bastante amplio de la ley”.
Pero, los opositores señalaron que el MAS ahora tiene una nueva herramienta de persecución política.
El proyecto autoriza la apertura del secreto bancario y la eliminación de la mínima cuantía. En criterio del diputado Edwin Bazán, de la alianza Creemos, esto deriva en el allanamiento de dominio privado sin notificación previa a las personas que sean consideradas sospechosas.
“Primero lo meten preso y luego lo investigan, esos son los abusos y excesos del MAS, es un proyecto de Ley abiertamente inconstitucional”, apuntó el diputado Edwin Bazán de la alianza Creemos, al cuestionar las nuevas y excesivas atribuciones que tendrá la UIF.
La norma también señala que “toda persona natural o jurídica, pública o privada” debe informar a la UIF sobre sospechas de legitimación de ganancias ilícitas. Además, debe emitir la información que la entidad estatal requiera para fines investigativos.