Redacción Central
Dos hermanas de Quillacollo están desesperadas en busca de justicia. Liz y Rossio Henry Alvarado denunciaron que son víctimas de un perverso “consorcio” de jueces, fiscales y abogados que trabajarían entre familiares y pretenderían quitarles su vivienda ubicada en la plaza 15 de Agosto.
Dentro este consorcio, según la denuncia, está la cuestionada fiscal Sandra Nina Mercado y su esposo, excandidato a la Alcaldía de Quillacollo por el MAS, Héctor Villarroel. Denunciaron un uso abusivo de influencias y manipulación a la justicia por parte de esas personas.
ANTECEDENTES
De acuerdo con documentación a la que accedió LA VOZ, las dos hermanas son legítimas herederas de una propiedad que fue de sus abuelos. En su momento, el dueño de esa casa inició una denuncia por estafa y usura contra una mujer que habría registrado el 50% de esa casa para una venta judicial.
Cuando esa persona falleció, las hermanas iniciaron el proceso de usucapión para evitar que otras personas se adueñen del lugar. La mujer que registró parte de la casa no tuvo descendencia; sin embargo apareció una supuesta heredera.
Las hermanas iniciaron un proceso penal contra la supuesta heredera y una notaría de fe pública, incluso la justicia les dio la razón y determinó que hubo falsificación de documentos llegando a dictarse una sentencia condenatoria. Ese proceso fue extinguido por prescripción a causa de una manipulación, según las denunciantes.
Pese a esa situación, la supuesta heredera suscribió un contrato de préstamo con Héctor Villarroel, quien garantizó la supuesta deuda con la casa, iniciándose un proceso coactivo civil.
ENTRE FAMILIA
Según la denuncia, el ahora exjuez Juvenal Huari, rechazó la intervención de la parte afectada y prosiguió con la tramitación del proceso coactivo hasta la ejecución y remate del inmueble.
En medio de irregularidades en el proceso, la vivienda de las hermanas Henry es adjudicada por Reynaldo Mercado, quien resulta ser tío político del coactivante Héctor Villarroel y de su esposa Sandra Nina.
Por otro lado, Crisologo T.R., es quien llega a recoger mediante un poder conferido por la coactivada Heidy Camacho, el saldo del remate del bien inmueble, siendo pariente de Héctor Villarroel.
Las afectadas denunciaron que familiares y conocidos de Villarroel intervinieron en el caso. Con documentación mostraron que la cuñada del exjuez Huari, Elia Maldonado es la madrina del hijo de Villarroel y Nina, por lo que intervendría en el caso a favor de ellos.
Indican que el propósito del proceso coactivo civil, fue legalizar mediante la venta judicial el testamento falso de la supuesta heredera.
La familia afectada inició un proceso por el delito de consorcio de jueces, fiscales y abogados, sin embargo, este habría sido rechazado en cuatro oportunidades. Indican que la fiscal Nina ejercería presión contra algunos fiscales y jueces por lo que serían rechazados todos los procesos que inician.
ACTUACIÓN DE LA FISCAL
De acuerdo con las afectadas, la fiscal Sandra Nina, busca a los fiscales en sus departamentos para pedir que dicten rechazos en las denuncias de su familia. Recogería formularios de cobro de capital, costas y tramitaría la extinción del proceso penal que iniciaron contra la supuesta heredera.
“Esa Sandra Nina se atreve a ir a los departamentos de los fiscales para pedir que rechacen”, dijo una de las hermanas.
En una ocasión hubo una marcha de protesta en el que se denunciaron a varias autoridades, entre ellas Sandra Nina.
EXCANDIDATO
“Le doy toda la descripción del caso y me pidió una fotocopia de la demanda, le entrego con esa confianza de que me lo revise, eso fue en 2004, y resulta que pasa 4 años más y aparece dueño y señor el tío directo de Sandra Nina. Han inventado un proceso coactivo, es alguien que amaña las cosas”, indicó una de las afectadas.
AUTORIDADES DENUNCIADAS
Por otro lado, en un tríptico que circuló en redes sociales, se ve a las autoridades que habrían sido denunciadas por miembros de ese “consorcio”.
Según las afectadas, Sandra Nina, su esposo y otras personas involucradas, iniciaron procesos penales y disciplinarios contra jueces, fiscales y oficiales de diligencias porque no habrían colaborado «en sus pretensiones ilegales».
De acuerdo con un documento elaborado por las afectadas, al que LA VOZ tuvo acceso, al menos 10 personas fueron denunciadas y presionadas.
