La Paz
El relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán, presentó este martes en Ginebra una radiografía de la justicia boliviana en la que identificó prácticas que favorecen la corrupción y la ineficiencia, además de su sus vínculos de dependencia con el sistema político del país.
El balance fue presentado en un resumen de 10 observaciones respecto a los resultados de su visita a Bolivia que se produjo en febrero. Señaló, por ejemplo, que “la retardación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como corrupción”.
Apoyado en informes oficiales y el resultado de entrevistas que realizó en Bolivia, el relator de Naciones Unidas observó el proceso de selección de las altas autoridades de justicia que está a cargo de una entidad política como la Asamblea Legislativa.
“Es muy baja la participación del electorado y la mayor parte de votos emitidos fue blanco o nulo, siendo escasa la proporción de los votos a favor de las personas que finalmente fueron elegidas”, afirmó.
“Veo la posibilidad de un gran acuerdo nacional sobre la justicia, lo que supondría la participación activa de instituciones públicas relevantes”, remarcó.
García Sayán también ratificó sus observaciones respecto a la “generación de la detención preventiva” y puso como ejemplo el caso de los juicios planteados contra la expresidenta Jeanine Áñez. Reconoció así que ella ejerció ese cargo entre 2019 y 2020, pero sin hacer comentarios respecto a la crisis política de 2019.
El ministro de Justicia, Iván Lima, replicó el reporte de manera virtual y señaló que desde que concluyó la visita de García-Sayán ya se han introducido ajustes en la legislación para corregir las falencias identificadas y al mismo tiempo destacó la importancia de abrir la discusión sobre la selección y elección de altos magistrados.
Este mecanismo de designación está incluido en la Constitución Política del Estado y varios colectivos de juristas anticiparon la necesidad de modificar esa normativa fundamental.
Además, el ministro señaló que el gobierno del presidente Luis Arce estará abierto «al escrutinio internacional» durante el proceso de «transformación de justicia», un reto que se anunció en 2020.
El viceministro de Justicia, César Siles, informó que el 6 de julio se instalan al menos cinco mesas temáticas para activar ese proceso que será inaugurado por el vicepresidente David Choquehuanca. Agencias