La Asociación Departamental de Delivery de Cochabamba (ADEDY) que aglutina a más de 26 empresas, se encuentra en estado de emergencia y pide la modificación del decreto 166/2020 que emitió la alcaldía, el cual atenta el derecho al trabajo de más de 5 mil personas que se dedican a este rubro para llevar el pan de cada día a sus hogares.
El presidente de ADEDY, Henry Pareja, manifestó que la alcaldía pide una serie de requisitos para otorgar una autorización, los cuales son casi imposibles de cumplir por la dura situación económica que atraviesa el país.
Uno de los requisitos observados, es la presentación de la boleta de pago de impuestos de cada repartidor hasta la gestión 2019. Los deliverys están conscientes que deben tributar, pero piden un plazo seis meses para cumplir con dicho requisito.
De la misma forma, rechazan la presentación de un poder notarial, en caso que los papeles de la motocicleta no figuren a nombre del repartidor, ya que el trámite es demasiado costoso y afecta directamente a los bolsillos de cada trabajador.
Por último piden un estudio técnico de tarifas.
