Una grave denuncia dentro del caso «Vinto Chico» sobre el asesinato de los esposos Juan Claure y Rufina Ayala, el pasado 28 de junio del 2024, involucra a efectivos policiales, que aparentemente habrían manipulado y contaminado «pruebas claves» del caso.
La denuncia realizada en la agencia de noticias IN Noticias, señala específicamente al subteniente de la Policía Ángel Bascopé Tordoya y a otros efectivos policiales como «responsables de manipular, acceder indebidamente y romper la cadena de custodia de 22 teléfonos celulares secuestrados.
Según el testimonio de un testigo, el 27 de octubre de 2024 se realizó una reunión secreta en la sala ejecutiva del Hotel Diplomat de Cochabamba. Allí le presentaron a las personas identificadas como el Ing. Escalier, Ángel Rosales (que le dijo que era gerente del hotel), el subteniente Bascopé, Richard y otros efectivos policiales, donde se vio frente a unos 22 celulares y habría sido presionado para dar prioridad, acceder y alterar datos de un iPhone Pro negro, perteneciente a Juan Carlos Claure, hijo de las víctimas y hoy imputado como autor intelectual del crimen y contra quién se direcciona el caso.
Además también se conoció, de acuerdo a un informe pericial de análisis y georreferenciación de llamadas entregado al Ministerio Público el pasado 11-03-25, se estableció que el subteniente Angel Andrés Bascopé Tordoya mantuvo comunicación con Nelo Fernando Alanes, identificado como el autor material del doble asesinato y posteriormente ese mismo día quitó la vida en un hecho de tránsito.
“Es el único funcionario cuyo número está registrado en el celular de Alanes, sin que exista justificación o informe oficial sobre esa comunicación, además que en esa fecha el subteniente Bascope no era parte de la FELCC VALLE BAJO menos investigador asignado al caso”, denunciaron las hijas de los empresarios asesinados.
Según las hermanas Claure, uno de los miembros de este grupo organizado se comunicó con uno de los abogados de su equipo legal para pedir 100.000 dólares a cambio de “cerrar el tema”.
Sin embargo, ante la negativa las denunciantes dicen se pretende que este proceso continúe abierto con pruebas ilegales, falsas, alteradas y modificadas.
