La primera orden de aprehensión contra Morales salió en octubre de 2024, por el caso de trata agravada de personas. La Fiscalía había solicitado la captura de Morales para ser conducido a prestar su declaración; el juez lo declaró “rebelde”.
El expresidente desobedeció a la convocatoria del Ministerio Público para que se presentara a declarar en Tarija y esto derivó en que, en enero de 2025, se emitiera una segunda orden de aprehensión.
Las dos primeras órdenes de captura no fueron ejecutadas y el juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres 5.° de Tarija, Nelson Rocabado, emitió una tercera orden de aprehensión contra Morales el 11 de febrero del año pasado.
El abogado y analista político Benjamín Guzmán considera que la no aprehensión de Morales hace sospechar que existe un pacto secreto entre el gobierno de Rodrigo Paz y los asesores de Evo Morales porque no existe una explicación fundamentada para la no ejecución de la captura.
El exfiscal Aragón señaló que en Bolivia la “justicia es selectiva”, no hace cumplir la ley que debería ser igual para todos.