La Paz
Se aleja la posibilidad de aprobación de una ley del Censo en el Legislativo. Ayer miércoles, el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, denunció un intento de secuestro. Los opositores negaron ese extremo exigen que ya no existan más cuartos intermedios en la sesión.
“Estos no dejan trabajar. No dejan que el ministro explique”, manifestó Jáuregui al abandonar su oficina donde se llevaba a cabo la sesión a la que el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, acudió para explicar el decreto supremo 4824.
El presidente de la Comisión de Constitución suspendió la sesión “hasta que entren en razón (los opositores)”, dijo en tono molesto al señalar que fue objeto de un intento de “secuestro” en la comisión.
Este miércoles se cumplen 33 días desde el inicio del paro indefinido en Santa Cruz en demanda de que el Censo se realice en 2023. Pero cuando las propuestas de ley son debatidas en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, empiezan a surgir voces que apuntan a que es momento de poner fin a la medida de presión. Una de ellas es la del empresario Samuel Doria Medina, quien considera que el continuar con el paro beneficia “a los radicales”.
“Ha llegado un momento que el paro indefinido en Santa Cruz perjudica a todos. Ya se ha logrado gran parte de los objetivos. Persistir en el paro sólo beneficia a los radicales de ambas partes y perjudica a la gran mayoría. Cuarto intermedio en la lucha por el Censo”, publicó en sus redes sociales.
El viceministro de Planificación, David Guachalla, ratificó que el Censo de Población y Vivienda se realizará en marzo de 2024 porque está técnicamente sustentado; y que el proyecto de ley que se tramita en el Legislativo solo analiza dos temas: la distribución de recursos económicos y escaños parlamentarios.
“Tengo entendido de que solo se va a tocar esos dos temas, sin embargo, es importante comunicar como se ha construido la fecha del Censo establecido en el decreto 4824 el cual tiene un sustento netamente técnico”, sostuvo Guachalla.
Precisó que los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Electoral) sostuvieron que los resultados del censo se usarán para la redistribución de recursos y también para escaños parlamentarios.
Reiteró que el año del empadronamiento se trabajó en la mesa técnica en la ciudad de Trinidad en el Beni.
Santa Cruz exige que el censo se realice el 2023, el tema está empantanado, además por la cantidad de proyectos de ley que presentó la oposición. Agencias
