Santa Cruz
El 27 de abril de 2022, Carmen (nombre ficticio) pensó que su viacrucis de cinco años en busca de justicia acabó con la sentencia a 20 años de prisión contra el violador de su hija de 13 años, identificado como Ernesto Valencia Tango.
Sin embargo, este accedió una treintena de audiencias de cesación a su detención después de apelar el fallo en su contra hasta conseguir el pasado 18 de agosto su libertad condicional otorgada por los jueces del Tribunal de Sentencia 12avo, Any Milenka Guillen Zabala, Ismael Burgos Olmos y Lilian Zabala Zambrana.
La madre de la menor violada dijo los jueces valoraron un certificado médico que señalaba que Valencia Tango sufre de transtornos mentales, situación que fue refutada por el Ministerio Público y la defensa de la menor, en sentido que estos informes deben ser avalados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que tenga legalidad.
«Apelamos esta medida y se convocó a nueva audiencia el pasado 6 de octubre con miras a revocarle la medida pero ni el sentenciado ni su abogado aparecieron en audiencia. Quiero responsabilizar si me pasa algo a mi o mi hija a estos tres jueces de sentencia que han dejado desprotegida a mi hija, con su agresor libre y ahora prófugo de la justicia», denunció la mujer en el programa del periodista Harol Salvatierra Radar de noticias.
Los tres jueces denunciados fueron advertidos por dos salas que deben dar protección a la víctima, al tratarse de una menor de edad, pero hicieron caso omiso, porque le retiraron hasta el escolta policial.
Incluso, el sentenciado habría enviado mensajes de intimidación a la víctima como a su madre que les iba adelantar su regalo. Las víctimas pidieron la intervención del Consejo de la Magistratura, Defensor del Pueblo y del Ministerio de Justicia parea que se castigue por prevaricato a estos tres jueces y miembros del Poder Judicial. Agencias
