El Tribunal de Sentencia No. 1 de Sacaba se declaró incompetente para “conocer y resolver hechos acusados por el Ministerio Público contra Jeanine Áñez Chávez y otros”, por lo que dejó sin efecto el sorteo y todos sus obrados. Determinó que la expresidenta debe ser sometida a un juicio de responsabilidades.
Este rechazo se da dentro del caso “Huayllani”, denominado así porque en el puente que lleva el mismo nombre, en Cochabamba, perdieron la vida 10 personas durante los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden el 15 de noviembre de 2019, cuando Añez asumió la presidencia del país, según el informe del GIEI.
Además, el Tribunal de Sacaba declara de forma unánime que “de llevar adelante en vía ordinaria la tramitación del juicio y el emitir una sentencia de primera instancia, se estaría incurriendo en una flagrante vulneración del debido proceso, la legalidad y seguridad jurídica, incurriendo en nulidad absoluta y por ende en retardación de justicia para las víctimas, quienes merecen el acceso a la justicia con seguridad jurídica, conforme al ordenamiento jurídico que se ha hecho referencia, lo que no implica impunidad, pues lo que se persigue es que los acusados sean juzgados por la autoridad competente conforme a las normas en vigencia”.
Tras esta determinación, los vocales del Tribunal de Sacaba solicitan a la Fiscalía que se devuelvan los antecedentes del caso al Juzgado de Instrucción Cautelar No. 1 de Sacaba, para que se revisen los antecedentes del proceso y se define a la autoridad competente. También dejan sin efecto el sorteo y todo lo obrado en ese Tribunal y señalan que no admitirán recurso de apelación.
El lunes 23 de octubre, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra Áñez y otras 17 exautoridades de su gabinete de ministros y exjefes policiales y militares, luego de casi cuatro años de los hechos violentos en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), durante la crisis política de 2019. La Fiscalía pedía 30 años de cárcel para todos los acusados.
Sin embargo, el 30 de octubre, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la ciudad de El Alto, por decisión unánime de sus tres jueces técnicos, se declaró “incompetente” para procesar y juzgar por la vía ordinaria a la expresidenta Jeanine Áñez, en el proceso que presentó el Ministerio Público por el caso Senkata.
En el fallo, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la ciudad de El Alto señala que la acusación de la Fiscalía es en contra de una “ex máxima autoridad del Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, cuyo conocimiento y resolución no tiene competencia”, tratarse en ese tribunal.
Es decir que, con estos dos rechazados, los dos tribunales reconocieron que Jeanine Áñez ocupó el cargo de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia y que por lo tanto no debe ser juzgada por la vía ordinaria, sino a través de un juicio de responsabilidades.
“En la resolución de incompetencia del Tribunal de Sacaba dispuso no conocer el caso de juzgamiento de la señora Jeanine Áñez y ha dispuesto declararse incompetente y reconocerla, al igual que el Tribunal 4to de El Alto, como destinaria de Estado en su condición de expresidenta bajo los principios de legalidad del debido proceso y de legalidad jurídica”, dijo el abogado constitucionalista Israel Quino, al ser consultado por los medios locales sobre el caso.
“El masismo está perdiendo poder”
El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho advirtió desde su reclusión en Chonchocoro que el rechazo del Tribunal de Sentencia N°1 de Sacaba a juzgar por la vía ordinaria a la expresidenta Jeanine Áñez “es una muestra más de que el masismo está perdiendo poder” y refleja que los jueces tienen miedo a prestarse al juego político.
Para Camacho, “el MAS está en las últimas” y contempló que “los malos jueces y funcionarios que prevaricaron tendrán que responder ante una verdadera justicia cuando retorne la democracia”.
La defensa jurídica de Añez, encabezada por Luis Guillén, confirmó que fueron formalmente notificados. Agencias