Luego de que recapturaran a Abram Peters Dick, menonita sentenciado a 25 años de cárcel por violar, junto a otros ocho hombres de su comunidad, a 150 mujeres de la colonia Manitoba, la Policía y la Fiscalía activaron investigaciones contra aquellos que facilitaron su salida de la cárcel en 2018, a pesar de que el acusado no había cumplido ni la mitad de su condena.
El domingo 6 de marzo, el Juez primero de ejecución penal, Manuel Baptista, fue aprehendido por la Unidad Anticorrupción por haber liberado a Peters. El aprehendido es investigado por los delitos de prevaricato, uso indebido de influencias y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados.
Además, el abogado del menonita, Juan Carlos Suñagua Pocoaca y el director del Hospital de drogodependientes, Alfredo Negrete Ríos, también fueron aprehendidos y están siendo investigados por su participación en la liberación del violador.
La resolución del juez Baptista se habría basado en un informe psicológico emitido por el tercer aprehendido, Alfredo Negrete Ríos, que aseguraba que Peters sufría de adicción a las drogas y necesitaba rehabilitarse. Por este motivo, Baptista le otorgó detención domiciliaria en un centro de rehabilitación de drogodependientes en Santa Cruz, de donde escapó a los pocos días y la policía lo recapturó tres años después. El informe policial sobre este caso, que fue entregado al Ministerio Público, señala que el psicólogo recibió $us 7.000 para favorecer al menonita Peters con dicho diagnóstico.
Los estremecedores vejámenes sexuales cometidos por Peters junto con otros ocho ciudadanos menonitas, fueron descubiertos en 2009, pero se presume que venían sucediendo desde hace un año antes.
Tras la liberación Abraham Peters, el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, bajo la dirección de Laura Céspedes, denunció al menos cinco jueces de ejecución penal y anticorrupción, tema que derivó en la inmediata reacción de la Fiscalía Anticorrupción que abrió investigaciones contra cuatro jueces de ejecución penal. Agencias