En un intento desesperado por perpetuarse en el poder y encubrir décadas de corrupción en COMTECO, los exconsejeros Liz Escobar, Jorge Buitrago, Antonio Torrico y Gamal Serhan, en complicidad con el sindicato, han orquestado una campaña difamatoria contra la directora provisoria Carola Torrico, acusándola falsamente de un desfalco de seis millones de bolivianos. Sin embargo, documentos oficiales y actas notariadas desmienten categóricamente estas acusaciones, revelando que el verdadero saqueo ocurrió después de que estos individuos tomaron la cooperativa por la fuerza.
Según los registros financieros, hasta el 6 de enero de 2025, COMTECO contaba con 23,9 millones de bolivianos en bóvedas y tesorería, monto plenamente respaldado por actas notariales. De este total, 16 millones fueron utilizados para el pago de sueldos, impuestos y deudas legítimas, quedando un saldo de 7,8 millones de bolivianos. Dicho monto desapareció tras la toma ilegal de la cooperativa por los exconsejeros, quienes, con el respaldo del sindicato y la complicidad de la Policía Boliviana, bloquearon el acceso a la administración legítima.
“La pregunta es clara: ¿dónde está ese dinero? Desde el 6 de enero mi administración ha sido impedida de ejercer su mandato, y quienes han manejado COMTECO desde entonces son los mismos que hoy intentan desviar la atención con falsas denuncias”, señaló Torrico.
Las irregularidades van más allá del desfalco. Se ha confirmado que los usurpadores retiraron los procesos penales interpuestos en su contra, archivando denuncias por corrupción y malos manejos administrativos. “Su primer acto como administración ilegítima fue eliminar las denuncias que los vinculaban con años de saqueo en la cooperativa. No buscan justicia, buscan impunidad”, denunció Torrico.
A pesar de que el Tribunal Constitucional ratificó su mandato y ordenó su restitución inmediata, la Policía Boliviana ha ignorado la resolución judicial, permitiendo que los usurpadores continúen manejando ilegalmente la cooperativa.
Ante esta situación, la comunidad de más de 125.000 socios exige una intervención inmediata para restablecer el orden, recuperar los fondos desaparecidos y sancionar a los responsables del saqueo.
“El pueblo de Cochabamba no puede permitir que COMTECO siga siendo un refugio de corruptos. Exigimos justicia y que la cooperativa vuelva a manos de quienes verdaderamente la sostienen: sus socios”, concluyó Torrico.