La Defensoría del Pueblo evidenció que la omisión del control y fiscalización de las actividades mineras por parte de las autoridades del Estado, son determinantes para la vulneración de derechos como en la generación del conflicto socio ambiental en el municipio de Mapiri, del departamento de La Paz, donde se enfrentaron una comunidad indígena y una cooperativa. “Estamos ante una problemática compleja y cada vez más frecuente: la emergencia de conflictividad social ambiental en las actividades mineras. Esto se produce, porque la minería actúa al amparo del Estado, pero sin que este realice el suficiente control del cumplimiento de garantías constitucionales respecto a los derechos humanos, tales como la consulta previa y el medio ambiente sano, o la protección de los derechos de la Madre Tierra”, dijo la titular del despacho, Nadia Cruz. Agencias
