La Paz
Las investigaciones encabezadas por el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, colocan a Álvaro García Linera en el centro de una red de corrupción que, según el Gobierno, permitió la «captura total» de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Paredes señaló que la estructura liderada por Marcelo Arce no operaba de forma aislada, sino que se cimentó sobre «resabios» y operadores estratégicos que el exvicepresidente consolidó durante sus casi 14 años de gestión. Esta conexión sugiere que Linera mantuvo una cuota de poder y operativa dentro de la estatal petrolera mucho después de dejar el cargo, actuando como el arquitecto de una maquinaria que facilitó el enriquecimiento ilícito y el sabotaje de carburantes.
El peritaje realizado a los dispositivos de Marcelo Arce, actualmente recluido en el penal de Palmasola, revelaron una comunicación constante con figuras que respondían a la línea política de Linera. Para el Ministerio de Gobierno, estas pruebas demuestran que el exvicepresidente dejó «células» activas en puestos clave de YPFB, las cuales sirvieron de puente para que los hijos de Luis Arce tomaran el control de las licitaciones y la importación de combustibles. Paredes calificó esta alianza como una organización criminal de larga data, insinuando que Linera diseñó estas estructuras para que fueran permanentes y transversales a otras instituciones como ENDE y el INRA.
Bajo este enfoque, la situación legal de Linera podría agravarse, ya que la Fiscalía analiza ampliar las investigaciones por delitos de organización criminal y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. El Gobierno sostiene que el exvicepresidente es la pieza que explica cómo una red tan compleja pudo operar sin ser detectada durante años, utilizando su influencia para proteger a mandos medios que seguían sus órdenes. Linera se convierte en un objetivo central de las demandas judiciales que buscan desarticular el núcleo de la corrupción en las empresas estratégicas del Estado.