El Tribunal Electoral Departamental (TED) declaró improbadas las demandas de inhabilitación contra los candidatos Charles Becerra de Soluciones con Todos y de Eduardo Mérida de Unidad Nacional, pese a la existencia de pruebas contundentes presentadas por el ciudadano Vladimir Iván Veizaga Otalora, quien apeló ambas resoluciones electorales.
Según los antecedentes legales, Becerra fue demandado por incumplimiento a normas electorales al no haber presentado su renuncia al cargo de Notario de Fe Pública 90 días antes del verificativo de las elecciones subnacionales. A todo ello se sumó la sentencia condenatoria de tres años por el delito de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado por el caso de la millonaria estafa del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado, además de denuncias de falsedad material en el ejercicio notarial, enriquecimiento ilícito y trata y tráfico en su gestión municipal.
A su vez, para la inhabilitación de Mérida pesaba una sentencia condenatoria ejecutoriada de tres años y seis meses por el caso de la falsificación de su libreta de servicio militar. El “reo rematado”, recurrió a chicanas jurídicas en el Tribunal Constitucional del Beni para liberarse de su encarcelamiento “pagando fuertes sumas de dinero”, según denuncias de los afectados.
También por la existencia de otra sentencia condenatoria de tres años y seis meses por el caso “Audios de la corrupción I” y una “actividad delictiva reiterada”, expresada en más de 50 procesos que se encuentran en diferentes etapas. Mérida tampoco explicó el origen de su inmensa fortuna que lo ubica como a uno de los hombres más ricos de Quillacollo.
DENUNCIAN INJERENCIA POLÍTICA
Según la candidata a alcaldesa por la Alianza Unidos Por los Pueblos (A-UPP), Mónica Alvis Salvatierra, las resoluciones del TED favorables a Becerra y Mérida se deben a una injerencia política desde esferas de gobierno que comprometen al Ministro de Defensa y al jefe de Unidad Nacional Samuel Doria Medina, quien operó a través de la diputada Daniela Cabrera.
“Denunciamos al país, la descarada injerencia política en las decisiones del TED, lo que pone en entredicho la idoneidad y transparencia de los vocales electorales cuya misión es garantizar unos comicios transparentes. Comprobamos que nada ha cambiado en el accionar del órgano electoral con relación al anterior, pues se confirma nuevamente el sometimiento a los dictados políticos”, afirmó.
Finalmente, Alvis emplazó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a rechazar la resolución del TED de Cochabamba y convocó a la población de Quillacollo a emitir “voto castigo” contra Charles Becerra y Eduardo Mérida, de quienes dijo no tienen legitimidad ni legalidad, además de representar la ingobernabilidad, inestabilidad y “pasanaku” de alcaldes.
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