Ex trabajadores de las empresas SENTEX e IMBA se presentaron en la brigada parlamentaria de Cochabamba para denunciar una presunta estafa y una serie de acciones ilegales que aseguran haber sufrido por parte del abogado Marcelo Inchaustegi. Las víctimas, respaldadas por su representante legal Jarlin Coca, expusieron ante varios diputados una situación que calificaron como “grave y abusiva”, señalando que se habrían inflado sus haberes de manera irregular hasta derivar en cobros excesivos y procesos judiciales que hoy ponen en riesgo sus viviendas.
Según las denuncias, el abogado Inchausti habría incrementado los montos por honorarios hasta cifras que alcanzan los 3 millones de bolivianos, lo que estaría provocando procesos de remate de bienes inmuebles de los afectados. Una de las víctimas alertó que su casa está a punto de ser rematada, lo que motivó que acudan a instancias legislativas en busca de apoyo y una intervención urgente frente a lo que consideran una vulneración de sus derechos.
El caso adquiere mayor gravedad debido a las acusaciones de presunto encubrimiento y complicidad contra la diputada Daniela Cabrera. De acuerdo con los denunciantes, la legisladora habría favorecido al abogado mediante informes que permitirían sostener los cobros elevados y avanzar en los remates. Asimismo, señalaron que Inchaustegi actualmente estaría vinculado a funciones en la Vicepresidencia, presuntamente designado por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
Ante la gravedad de las denuncias, el diputado Alejandro Lopez aseguró que se tomarán acciones inmediatas y no descartó gestionar una reunión con el ministro de la Presidencia para esclarecer los hechos. En cuanto a la diputada Cabrera, indicó que se realizará una verificación exhaustiva de las acusaciones y, de confirmarse, se iniciarán los procesos correspondientes, en un caso que ya genera fuerte preocupación y exige respuestas claras de las autoridades. IN Noticias