La “Ley Brisa” es un instrumento peligroso de extorsión y esto generará un efecto inmediato, la exclusión laboral de muchas mujeres; muchos empleadores evitarán contratar personal femenino para no exponerse a procesos donde no exista una defensa efectiva. Queriendo proteger la ley, termina cerrando puertas laborales y dejando al hombre en total vulnerabilidad.
Tres abogadas litigantes coincidieron en que, de acuerdo a su experiencia en varios procesos judiciales, el proyecto de “Ley Brisa”, si logra aprobarse, podría abrir la puerta a un incremento de denuncias falsas, vulnerar garantías constitucionales y generar distorsiones en el sistema judicial boliviano. El proyecto de ley es impulsado por Brisa De Angulo, ciudadana estadounidense-colombiana, quien denunció haber sido víctima de violación en su adolescencia en Cochabamba por un familiar.
La propuesta de ley plantea cambios en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal. Entre ellos, redefine el concepto del delito de violación, plantea el consentimiento como eje central del delito de violación, elimina la figura del estupro, introduce la violación incestuosa y dispone la imprescriptibilidad de delitos sexuales cuando las víctimas sean menores de edad. La jurista Adriana Pérez sostuvo que la propuesta presenta “desbalances” y vacíos jurídicos que podrían ser utilizados de manera arbitraria. Aunque el objetivo de proteger a víctimas de violencia sexual es legítimo, alertó que la redacción del proyecto puede derivar en la vulneración de principios fundamentales como la seguridad jurídica, el debido proceso y la presunción de inocencia. La primera modificación que plantea la “Ley Brisa” es al artículo 30 del código de procedimiento penal, sobre el inicio del término de la prescripción de los delitos. El nuevo texto a añadir señala que los delitos contra la libertad sexual de los menores son imprescriptibles.
Además, se pretende redefinir el delito de violación establecido en el artículo 308 del Código Penal. Actualmente, indica que se comete el delito si una persona de cualquier sexo emplea violencia física o intimidación para tener acceso carnal con una persona. La sanción es de 5 a 15 años. También contempla una agravante de 15 a 20 años de cárcel si el victimario se aprovecha de la situación mental, física o incapacidad de resistencia de la víctima. La “Ley Brisa”, en su artículo 2, sugiere cambiar la redacción del delito de violación con: Se sancionará con privación de libertad de quince (15) a veinte (20) años a quien, sin el consentimiento libre y voluntario de la víctima: La penetra, total o parcialmente, con una parte de su cuerpo o con un objeto, en los orificios anal o vaginal; o realiza la penetración bucal mediante el miembro viril. La sanción también se impondrá a quien cause estos actos mediante una tercera persona. En comparación con la norma actual, la redacción del proyecto de ley ya no hace referencia a la persona de uno u otro sexo, como autor o autora de una violación. Además, se elimina el empleo de violencia física o intimidación para tener acceso carnal como factores para determinar la violación.
Respecto al consentimiento libre y voluntario, la propuesta legislativa ordena derogar el delito de estupro, contemplado en el artículo 309 del Código Penal, y en su lugar reemplazar ese texto por uno referido al consentimiento. “El consentimiento debe ser ofrecido de manera libre, voluntaria y expresa, no pudiendo ser inferido del silencio de la víctima”, dice el texto en su inciso a; además, advierte en el inciso g que “puede ser rescindido o modificado en cualquier momento”. La combinación de estas modificaciones establece que una persona comete el delito de violación si el acto sexual no fue consentido de manera libre, voluntaria y expresa. El cuestionamiento de las abogadas consultadas es cómo un acusado de violación puede demostrar que el acto sexual fue consentido. “Este proyecto es inconstitucional, más allá de querer resguardar derechos. No se puede quitar garantías a unos para proteger de forma extrema a otros, porque eso termina en arbitrariedad (…).