Por las constantes denuncias realizadas por estudiantes de base que acudieron al Seguro Social Universitario, pudieron confirmar oficialmente que el nuevo convenio firmado para la gestión 2026 demuestra que el seguro universitario prácticamente ha dejado de garantizar la atención media para los estudiantes trasladando el costo de la salud al bolsillo estudiantil.
El año pasado las autoridades ya habían recortado en un 50% el financiamiento del seguro universitario y ahora terminan de liquidar una conquista histórica con lucha y movilizaciones estudiantiles. El nuevo convenio, de manera engañosa, pretende mostrar que existe cobertura médica, pero en los hechos reduce la atención prácticamente a medicina familiar, ginecología y odontología. Mientras que se excluyen enfermedades crónicas, tratamientos especializados como tomografías, hospitalizaciones completas, servicios externos y gran parte de las emergencias.
Lo más grave es que el propio comunicado del Seguro Social Universitario reconoce que, en caso de cirugías de emergencias y hospitalizaciones, los estudiantes deben cubrir el 50% de los gastos al ingreso y el resto al salir del alta hospitalaria. Es decir, cuando realmente el estudiante necesita el seguro, el seguro no responde y obliga a pagar de su bolsillo; esto destruye completamente el principio de solidaridad y el principio social que debería garantizar el seguro universitario.
Así mismo, trabajadores y administradores han denunciado que el rectorado ha convertido el seguro social universitario en un botín político y de pegas, y San Simón mantiene una deuda aproximada de 80 millones de bolivianos con el SSU por no pagar los aportes correspondientes de docentes y administrativos, recursos que deberían destinarse a salud y seguridad social.
Todo terminó siendo utilizado para cubrir el déficit del gasto presupuestario y el gasto corriente de la universidad, y todo esto ocurre con el silencio de la FUL, unos títeres que no dicen absolutamente nada para defender las conquistas estudiantiles claras frente a la destrucción del comedor universitario, frente al recorte de las becas IDH y ahora permiten la destrucción del seguro universitario.