El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirmó que el país necesita un Gobierno fuerte que haga cumplir la ley y sostuvo que las autoridades deben proceder con la captura del expresidente Evo Morales y del dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, en el marco de las investigaciones por los bloqueos que se extendieron durante 53 días.
Reyes Villa señaló que los responsables de las movilizaciones deben recibir un «escarmiento», al considerar que las medidas de presión ocasionaron cuantiosas pérdidas económicas, afectaron a miles de familias y perjudicaron el normal desarrollo de las actividades productivas en el país. En ese sentido, remarcó que no puede haber impunidad frente a hechos que, a su juicio, provocaron un grave daño a la economía nacional.
Asimismo, el alcalde sostuvo que las personas identificadas como responsables de organizar y promover los bloqueos no solo deben responder ante la justicia, sino también resarcir los daños económicos ocasionados. Afirmó que corresponde a las instancias competentes establecer las responsabilidades y garantizar que se cumpla la ley para evitar que este tipo de conflictos vuelvan a repetirse.
La aprehensión de Vicente Salazar, ejecutivo de la Federación de Campesinos Túpac Katari, intensificó la presión para que el expresidente Evo Morales también sea puesto a disposición de la justicia dentro de la investigación por los 53 días de bloqueos que paralizaron gran parte del país entre mayo y junio. Salazar es investigado por delitos que incluyen terrorismo y financiamiento al terrorismo, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para determinar las responsabilidades de los demás denunciados.
Desde Santa Cruz, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, afirmó que la captura de Salazar representa el inicio del esclarecimiento de los hechos y sostuvo que la investigación debe avanzar sin excepciones. En ese contexto, manifestó que Morales y el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, deben enfrentar el mismo tratamiento jurídico y comparecer ante las autoridades para responder por las denuncias vinculadas a las movilizaciones.