El abogado Lurwing Ledezma fue trasladado del penal de San Antonio en la ciudad de Cochabamba al centro penitenciario de Cantumarca, en Potosí, debido a la peligrosidad que, según Régimen Penitenciario, representaría su permanencia al interior de la cárcel.
La decisión fue asumida después de que internos de San Antonio emitieran dos votos resolutivos en los que denunciaron presuntos abusos, chantajes y extorsiones.
De acuerdo con las autoridades penitenciarias, Ledezma habría cobrado dinero a otros privados de libertad bajo la promesa de gestionar su salida de prisión y habría continuado realizando operaciones desde el recinto penitenciario.
Las autoridades también señalaron que el abogado habría ejercido presión y realizado amenazas vinculadas con fiscales que llevan adelante su proceso. Incluso se reportó que habría contactado a familiares de funcionarios del Ministerio Público para ejercer intimidación.
Ledezma se encuentra con detención preventiva desde el pasado 03 de diciembre, investigado por un caso de violación agravada a dos menores de edad.
El proceso se encuentra radicado en el Tribunal de Sentencia Número 2 y se aguarda el inicio del juicio oral, que podría desarrollarse a finales de este año. La acusación fiscal solicitará una condena de 30 años de prisión.
La defensa de las víctimas, Hugo Iriarte, resaltó que el acusado fue sometido a una pericia realizada en el IDIF, cuyo resultado habría establecido que Ledezma tendría rasgos de violencia sexual moderada, violencia contra la mujer moderada, además de tener problemas «disociativos sociales». «Su relato es solamente para aparentar a la sociedad que es una persona disciplinada, responsable, pero él tiene problemas disociativos sociales, eso es lo que ha salido en la pericia del IDIF», añadió la defensa.
El pasado mes de julio incluso había denunciado que las víctimas estaban siendo amenazadas de muerte por Ledezma, para que retiren la denuncia en su contra.
Con su traslado a Cantumarca, Ledezma pasará a un régimen penitenciario considerado de mayor seguridad, mientras continúa el proceso judicial en su contra.