El motorizado, que intentaba continuar su trayecto hacia territorio paraguayo, quedó inmovilizado de manera imprevista. A raíz de este incidente, la Policía procedió a retener tanto la licencia de conducir de los extranjeros como el vehículo pesado. Pese a que los involucrados solicitaron una sanción inmediata conforme a la normativa vigente, la situación jurídica se tornó compleja ante la ausencia de denuncias formales.
Mauricio Rojas, abogado de los ciudadanos extranjeros, denunció que hasta el momento no existe ninguna querella presentada ni por la empresa administradora del sistema férreo «Mi Tren» —la supuesta parte afectada— ni por ninguna otra institución. Asimismo, confirmó que el caso tampoco cuenta con conocimiento fiscal, motivo por el cual exigieron la devolución inmediata de los documentos y del motorizado. Dicha petición fue rechazada por el investigador asignado, quien se encontraba en su día de descanso y ausente de su fuente laboral.
El conflicto escaló luego de que la defensa legal señalara presuntos actos irregulares. Según las declaraciones de los afectados, funcionarios vinculados a «Mi Tren» habrían intentado realizar un cobro de 5.000 bolivianos para solucionar el impase. Ante esta presunta extorsión, el abogado adelantó que iniciarán procesos legales contra las autoridades y funcionarios que resultaren involucrados, exigiendo que el caso se maneje estrictamente bajo el marco de la legalidad.