La escasez de agua en la zona sur de Cochabamba se ha agudizado debido a un paro de los transportistas y distribuidores de camiones cisterna, quienes suspendieron el servicio por desacuerdos con la Ley Municipal n.º 1927 y la regulación de precios y puntos de carguío.
La falta de agua comienza a sentirse en la zona sur, donde las familias desesperadas buscan cómo abastecerse ante el paro de los cisterneros que distribuyen el líquido elemento al sector.
La necesidad obliga a la población a movilizarse hasta el punto de toma de SEMAPA. Unos llegan en automóviles, taxis y camionetas; otros hacen el esfuerzo de trasladarse a pie para conseguir agua y llevarla hasta sus hogares.
Las familias de zonas como Villa Pagador, Uspha Uspha, 22 de Julio y barrios aledaños (distritos 7, 8, 9 y 14) han reportado largas filas con baldes, bidones y tanques, además de denunciar cobros excesivos por parte de algunos aguateros particulares previos al conflicto.
Varios vecinos indicaron que llevan varios días con dificultades para conseguir agua y cuestionaron los precios que deben pagar a los aguateros. Según denunció un vecino, dijo que solicitó el servicio desde el domingo y hasta el lunes sin lograr abastecerse. También señaló que el precio por turril puede alcanzar los 20 bolivianos y podría subir hasta 25 bolivianos, dependiendo de la ubicación.
Los vecinos denunciaron, además, que algunos cisterneros no acuden pese a las solicitudes de las familias. También cuestionaron que otros transportistas particulares no puedan prestar el servicio, porque algunos son amedrentados o sufren daños en sus vehículos.
La suspensión de la distribución de agua comenzó el martes, cuando los propietarios de tomas de agua de la zona norte y los conductores de camiones cisterna estacionaron sus vehículos en rechazo a la Ley Municipal n.º 1927 y a la falta de definición de los precios de venta. La normativa regula el carguío de agua mediante cisternas y establece restricciones para evitar el uso de las vías públicas. Asimismo, contempla un plazo de 90 días, computables desde la publicación del reglamento, para que los responsables de las tomas de agua adecuen sus instalaciones.