Alcaldía presenta denuncia penal contra dos dirigentes cisterneros

Alcaldía de Cochabamba denuncia a dos dirigentes de cisterneros por presunto atentado contra servicios públicos. El director de Asuntos Judiciales, Roy Ordóñez, informó que la acción penal responde a supuestas amenazas e interrupciones a la circulación de cisternas que distribuyen agua potable, afectando el abastecimiento en la zona sur y otros sectores de la ciudad.

“Es por eso que se ha presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de los señores Ronal Pabon Severich, representante del servicio de cisternas, y en contra del señor Alfredo Paniagua, quien es secretario general de esta asociación de cisterneros. Esta denuncia se ha presentado sobre el delito y sancionado en el Art. 214 del Código Penal, atentado contra la seguridad de servicios públicos, toda vez que atentar contra la seguridad o el funcionamiento normal de los servicios públicos de agua, luz y gas energético, entre otros, según el Código Penal, tendría una pena privativa de libertad, una sanción de 2 a 6 años de cárcel”, denunció.

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental en contra de los dirigentes del sector cisternero, Ronal Pabón y Alfredo Paniagua, por la presunta comisión del delito establecido en el art. 214 del Código Penal boliviano, referido a la obstaculización y entorpecimiento de servicios públicos esenciales como es la distribución de agua potable.

Según la denuncia, personas aún no identificadas habrían cerrado el paso y amenazado a conductores de cisternas independientes, obligándolos incluso a descargar y desechar el agua que transportaban para abastecer a familias de la zona sur de la ciudad.

El conflicto surge a raíz del rechazo de un sector de cisterneros a la Ley Municipal n.º 1927, que regula y prohíbe el carguío de agua en vías y aceras públicas. El director de Asuntos Judiciales, Roy Ordóñez, fue enfático al señalar que dicha ley municipal está vigente, y se hará cumplir en resguardo del orden público y del derecho de la población al acceso al agua.