El docente de la UMSS Edgar Patiño Tito, quien fue detenido y enviado por un mes a la cárcel de San Pablo de la ciudad de Cochabamba por romper medidas cautelares en contra de la denunciante por violencia doméstica.
El docente, quien es considerado uno de los catedráticos reconocidos de la Universidad Mayor de San Simón, no puede ser posible que esté andando de escándalo en escándalo por maltrato a las mujeres.
Pese a las denuncias, llama la atención que el rector de la universidad sería ¿cómplice?, ya que el docente debería haber renunciado o debería ser expulsado y retirado de la Universidad Mayor de San Simón porque va a trabajar con su guardia a su lado por cometer esos delitos.
Actualmente, el señor Patiño tiene una denuncia de violación agravada y está acusado formalmente y tendría que ir a la cárcel, pero cuenta con algún acuerdo, por lo cual sigue asintiendo a trabajar con sus custodios a la universidad con todos sus beneficios.
Según informa la Asociación Nacional de Víctimas de Injusticia A.N.V.I. muchos de algunos docentes están denunciados por violación agravada, por violencia doméstica e incluso por feminicidio. Realmente, la justicia en nuestro país está tan corrompida, está podrida, ya que permiten esa clase de atropellos, este tipo de barbaridades para que docentes de alto nombre, estén yendo a trabajar con su custodio a las aulas de la Universidad Mayor de San Simón.
La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en Cochabamba registró más de 60 denuncias relacionadas con acoso y violencia en su comunidad universitaria. Los casos involucran a docentes, personal administrativo y estudiantes, y son atendidos por la Oficina de Protección a la Mujer Universitaria.
Las denuncias abarcan los sectores docente, administrativo y estudiantil. Algunos acusados continúan asistiendo a clases o a sus fuentes de trabajo con medidas de protección o custodio mientras avanzan los procesos judiciales o administrativos. Las autoridades universitarias han señalado que los docentes están amparados por la Ley General del Trabajo, lo que impide despedirlos o suspenderlos de forma definitiva antes de contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada.