En el municipio de Quillacollo, departamento de Cochabamba, se han denunciado graves hechos que ponen en tela de juicio la transparencia de la gestión municipal encabezada por el alcalde Luis Santa Cruz.
Según versiones de vecinos y ciudadanos, la administración municipal se estaría manejando con criterios familiares, con presencia de nepotismo en puestos clave y presunto tráfico de influencias, y los nombramientos son cuestionados.
Según las denuncias que se replicaron en varios medios, señalan a varias personas vinculadas directamente al alcalde ocupando cargos dentro de la alcaldía:
Suleyde Altamirano: Jefa interina de Turismo. Según las denuncias, no contaría con los requisitos mínimos —título ni experiencia— para el cargo, y su designación se debería a que es consuegra del alcalde Luis Santa Cruz.
Jain Rocha / Jain Altamirano: Encargado de redes sociales. Es novio de Kimberly Santa Cruz, hija mayor del alcalde. Además, integra el llamado Grupo Código U, que según denuncias mantendría el monopolio en las contrataciones y adquisiciones del municipio. También figura como funcionario municipal junto a su propia madre.
Andrés Muriel: Trabaja en la Dirección de Cultura. Es pareja de la hija menor del alcalde.
Zuleide Altamirano: Funcionaria de planta, labora junto a su hijo Jain Altamirano dentro de la misma institución. Madre e hijo serían funcionarios simultáneamente, lo que, además de los vínculos con el alcalde, plantea conflictos de interés internos.
La situación ha generado fuerte rechazo entre los quillacolleños:
«¿No decían que el cambio es ahora? ¿Ese era el cambio que prometieron? Parientes, consuegros y parejas en puestos clave. Esto no es administración, es un negocio familiar», cuestionan los ciudadanos de Quillacollo
Mientras muchas personas preparan concursos y cumplen requisitos, aquí entra quien tiene parentesco. No hay mérito, hay parentesco. Denunciaba una vecina afectada. Asimismo, la Ley Nº 045 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y la Ley Nº 341 de Participación Social señalan que los cargos públicos deben accederse en base a méritos y capacidad, no por vínculos familiares o afectivos.