La polémica por los audios atribuidos al exasesor argentino Fernando Cerimedo suma un nuevo capítulo. El abogado Guido Calcina formalizó una acción penal ante el Ministerio Público contra el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y la primera dama, María Elena Urquidi, por presuntos delitos de tráfico de influencias, nombramientos ilegales y beneficios en razón del cargo.
La denuncia se sustenta en grabaciones que habrían expuesto conversaciones sobre supuestas gestiones para definir cargos dentro de instituciones y empresas estratégicas del Estado. Entre los temas mencionados figuran presuntas designaciones en YPFB y otras entidades vinculadas al sector hidrocarburos, además de referencias a movimientos dentro de la Policía Boliviana y al entonces comandante Mirko Sokol.
Calcina pidió que la Fiscalía investigue el contenido de las conversaciones, establezca la autenticidad de los audios y determine quiénes participaron en las supuestas gestiones. También solicitó pericias técnicas para identificar las voces y requerimientos de información a las empresas telefónicas Entel, Tigo y Viva, con el objetivo de verificar posibles comunicaciones entre las personas mencionadas.
El caso vuelve a colocar bajo presión al entorno del presidente Rodrigo Paz, debido a que las grabaciones difundidas desde agosto generaron cuestionamientos sobre una posible influencia en decisiones gubernamentales y nombramientos dentro del aparato estatal.
La controversia también alcanza a la primera dama, cuyo nombre aparece vinculado a una de las conversaciones atribuidas a Cerimedo.
Las denuncias y señalamientos deberán ser contrastados mediante una investigación formal, ya que la aparición de nombres en grabaciones no demuestra por sí sola la comisión de delitos.
Ahora, el Ministerio Público deberá analizar los elementos presentados, definir las actuaciones investigativas y establecer si existen indicios suficientes para convocar a los denunciados.