Santiago Peña, economista de formación y respaldado por el poderoso Partido Colorado, llegó a la Presidencia de Paraguay como una figura de renovación, pero presentó su renuncia este jueves, después de perder el respaldo de su propia formación política y ante la amenaza de un juicio político en el Congreso, impulsado tras la intervención de Ueno bank por problemas de solvencia.
«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la república, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», declaró en un video difundido en la red social X.
Su salida pone fin anticipado a un mandato que debía concluir en 2028 y supone un revés para el Partido Colorado.
Después de su paso durante su juventud por las filas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Peña se incorporó en 2016 al oficialismo, respaldado por el entonces presidente Horacio Cartes (2013-2018), considerado su mentor político y quien este jueves retiró públicamente su apoyo al ahora exmandatario y respaldó el proceso de juicio político.
El entonces ministro de Hacienda de Cartes, Peña tuvo su primer fogueo electoral cuando inscribió, en 2017, su precandidatura presidencial para las internas de ese año.
Se postuló por el movimiento Honor Colorado, la facción que Cartes encabeza dentro del oficialismo, pero perdió frente a Mario Abdo Benítez. En diciembre de 2022, con apenas seis años de militancia colorada, consiguió la candidatura presidencial del partido gobernante y el 30 de abril de 2023 ganó las elecciones generales con el 42,74 % de los votos, en fórmula con Pedro Alliana, quien asumió la Vicepresidencia.
Los vínculos empresariales de Peña con el entorno financiero paraguayo adquirieron especial relevancia durante la crisis de Ueno bank.
El Banco Central de Paraguay ordenó el martes la resolución de Ueno bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo exigido. La entidad administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos previsionales y sanitarios y depósitos de empresas estatales.