El abogado Eduardo León denunció que las personas que se atreven a denunciar presuntas redes de corrupción integradas por jueces, fiscales y abogados terminan expuestas y sin garantías de protección del Estado.
El jurista acompañó a una madre de dos hijos menores hasta la Fiscalía Departamental de La Paz para presentar una denuncia contra un supuesto consorcio que, según afirmó, operaría desde instancias judiciales y del Ministerio Público.
León cuestionó que, al momento de recibir el memorial, se exigiera a la denunciante proporcionar sus datos personales, nombre, apellido, cédula de identidad y domicilio, pese al temor que existe frente a las personas que pretende denunciar.
Advirtió que revelar esa información podría dejarla vulnerable a posibles represalias, amenazas o persecuciones por parte de los grupos señalados.
El abogado sostuvo que estos procedimientos contradicen el discurso de cero tolerancia a la corrupción anunciado por las autoridades del Ministerio Público, porque, a su criterio, no basta con proclamar una lucha contra las irregularidades si no se garantiza seguridad a quienes deciden denunciarlas.
En ese sentido, planteó que las denuncias contra presuntos consorcios judiciales se tramiten bajo el principio de informalidad, similar al contemplado en la Ley 348, para evitar exigencias burocráticas que desalienten a las víctimas y permitir incluso que puedan resguardar su identidad cuando exista riesgo para su integridad.
León advirtió que el miedo y la desconfianza continúan marcando la relación de la ciudadanía con la justicia, especialmente cuando las denuncias involucran a personas que presuntamente tienen poder, dinero e influencia dentro de las instituciones.
Finalmente, aseguró que continuará acompañando estos casos y pidió a la población no guardar silencio frente a las injusticias. «No se calle, porque eso lo vuelve usted en cómplice», manifestó, al exigir mecanismos que permitan denunciar la corrupción judicial sin exponer a las víctimas a posibles represalias.