Se denuncia un acto de discriminación en el municipio de Quillacollo, donde, según testigos, habría sido cometido por el alcalde, Dr. Héctor Cartagena Chacón, contra una adulta mayor durante una actividad pública realizada la mañana del día martes, aproximadamente a las 08:00 de la mañana.
De acuerdo con el relato de personas que se encontraban en el lugar, la adulta mayor se acercó visiblemente emocionada para saludar y abrazar a la autoridad municipal, pero, según los denunciantes, el alcalde la apartó y la hizo a un lado, en un gesto que fue interpretado como desprecio y trato indigno hacia una persona de la tercera edad. La escena generó impacto inmediato entre toda la población de Quillacollo, quienes reaccionaron con molestia al trato que le brindó a la abuelita y, según los testigos, se escucharon gritos de “¡arrogante!”, entre otros dirigidos a la autoridad edil.
Lo ocurrido no pasó desapercibido. Vecinos señalan que el episodio reflejaría una actitud contraria al respeto mínimo que merece una persona mayor, más aún en un espacio público donde se espera un trato humano, digno y sin distinciones. El hecho, además, estalla en un contexto de tensión política, debido a que el alcalde es mencionado como una figura que buscaría repostularse en las próximas elecciones subnacionales 2026, lo que ha incrementado la sensibilidad ciudadana sobre su conducta como figura pública que se debe a su pueblo.
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO INVESTIGARÁ EL CASO
Ante la gravedad de la denuncia, se conoció que instancias de la Defensoría del Pueblo del municipio iniciarán acciones legales para investigar lo ocurrido, recabar testimonios y establecer si existió vulneración de derechos, particularmente en lo referido al trato digno, la no discriminación y la protección especial que corresponde a las personas adultas mayores. La fuente digital
En Bolivia, la discriminación es un delito penalizado por la Ley N° 045 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que establece sanciones de pena privativa de libertad de uno a cinco años para quien, de forma arbitraria, restrinja derechos por motivos como sexo, edad, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, discapacidad u otros, con penas agravadas si lo cometen servidores públicos o medios de comunicación.