El Salvador
En un giro radical de su política de seguridad, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sancionó formalmente las reformas legales que permiten imponer la cadena perpetua a menores de edad desde los 12 años. Esta medida, que entrará en vigor el 26 de abril, desmantela décadas de justicia juvenil diferenciada para equiparar el castigo de los adolescentes con el de los adultos en delitos de extrema gravedad.
La pieza central de esta transformación es la modificación a la Ley Penal Juvenil y al Código Procesal. Bajo el nuevo marco jurídico, los menores de entre 12 y 18 años que sean hallados culpables de homicidio agravado, feminicidio, violación, actos de terrorismo o pertenencia a pandillas ya no recibirán penas máximas de internamiento de 10 o 20 años, como ocurría anteriormente. Ahora, enfrentarán el encierro de por vida.
Un detalle crucial que diferencia el trato penal es la revisión de la sentencia. Mientras que los adultos condenados a perpetuidad deberán esperar entre 30 y 40 años para solicitar una revisión, los menores de edad podrán optar a este beneficio tras cumplir 25 años de prisión efectiva.
Los antiguos juzgados de menores se transformarán en tribunales, eliminando procesos especiales y priorizando la gravedad del delito sobre la edad del infractor. Este cambio responde a la visión del Ejecutivo de que la pertenencia a estructuras criminales anula la condición de «rehabilitable» bajo los parámetros tradicionales de la justicia juvenil.
La administración de Bukele sostiene que estas medidas son necesarias para garantizar que las pandillas no utilicen a menores como «brazos ejecutores» impunes. Sin embargo, organizaciones internacionales expresaron su preocupación, señalando que la medida podría contravenir tratados internacionales sobre los derechos del niño.
Con esta firma, El Salvador se posiciona como uno de los países con la legislación penal juvenil más severa del mundo, consolidando el modelo de «mano dura» que caracteriza la gestión actual.