Denunciamos serias irregularidades en la ejecución del proyecto del Tren Metropolitano de Cochabamba. Exigimos al Ministerio de Obras Públicas y a la Unidad Técnica de Ferrocarriles que no se liberen las pólizas de garantía hasta que la empresa adjudicataria cumpla plenamente con las obligaciones establecidas en el contrato.
Existen denuncias de empresas proveedoras y subcontratistas bolivianos que aún esperan el pago por los servicios prestados, además de observaciones sobre la ejecución de la obra, los contratos modificatorios y el cumplimiento de la modalidad «llave en mano» bajo la cual fue adjudicado el proyecto.
Los recursos públicos deben administrarse con transparencia y responsabilidad. No podemos permitir que una obra financiada con recursos de todos los bolivianos concluya sin que previamente se esclarezcan estas observaciones y se garanticen los derechos de las empresas afectadas.
Desde la Asamblea Legislativa continuaremos ejerciendo el trabajo de fiscalización para que se determinen las responsabilidades que corresponden y se resguarden los intereses del Estado y de la población.
“Tenemos que determinar quiénes son los responsables y lo más grave de todo es que desde el 2018 la Sociedad Accidental Tunari se ha dedicado a contratar los servicios de subcontratistas en Cochabamba, tanto empresas constructoras como microempresas para dotación de materiales de construcción, haciendo que muchas de ellas quiebren porque se les debía más de Bs 100 millones que no les han pagado cuando hoy en día ya han cobrado el 97% del costo total de la obra. Ya están preparando maletas; el ingeniero García, que es su representante legal, está exigiendo liberar las garantías e irse de Bolivia y eso es algo que no vamos a permitir. Le vamos a exigir a la unidad técnica de ferrocarriles, así como al ministro, que no liberen las pólizas de garantía; es más, queremos saber si esas pólizas están vigentes porque hoy en día tenemos un tren metropolitano con muchas deficiencias”, denunció la asambleísta.