En un giro que encendió de inmediato las alarmas y el debate nacional, se ratificó la contundente propuesta para perdonar y legalizar los miles de vehículos indocumentados popularmente conocidos como «autos chutos» que invaden las carreteras del país.
La controversial medida busca la nacionalización express de estos motorizados bajo la promesa de inyectar millonarios recursos económicos de manera inmediata a las golpeadas alcaldías municipales.
Con una frase que generó fuerte impacto en la opinión pública, el primer mandatario Rodrigo Paz justificó la urgencia de concretar el proceso de regularización tributaria.
“Legalizar autos chutos rápidamente te entra platita a tu alcaldía”, aseveró, dejando clara la intención del Ejecutivo de convertir la ilegalidad del contrabando en una jugosa fuente de recaudación pública.
Lejos de ocultar la gravedad del problema, se admitió que las carreteras y pueblos ya están abarrotados de estos coches sin papeles.
“No queremos que este país se vuelva un país de autos chutos, pero están acá, en todo el norte de La Paz, Tambo, Beni, Potosí, México Chico, Challapata”, remarcó al evidenciar cómo el contrabando automotriz tomó por completo diversas zonas urbanas y rurales del territorio nacional.
La incertidumbre crece mientras la población exige garantías para evitar el colapso del sistema de transporte y el desabastecimiento de carburantes en las estaciones de servicio del país.
El explosivo anuncio provocó una ola de reacciones contrapuestas en todo el país. Mientras algunos municipios ven con desesperación esta medida como un salvavidas financiero para sus arcas, economistas e importadores legales pegan el grito en el cielo.
Advierten que un nuevo «perdonazo» no solo significará un severo golpe al comercio formal, sino que disparará peligrosamente el consumo de combustible subsidiado y provocará un perjudicial «efecto llamada» para el ingreso masivo de más contrabando por las fronteras.