La sesión del Concejo Municipal de este martes volvió a poner a la concejal Leidy Santos en el centro de la polémica, luego de que se diera lectura a tres denuncias y notas de protesta, dos de ellas dirigidas expresamente contra la autoridad edil.
Los documentos cuestionan presuntas actuaciones de Santos que, según los denunciantes, excederían las atribuciones propias de una concejal municipal, generando conflictos con instituciones educativas, organizaciones del transporte y otros actores de la sociedad quillacolleña.
CUESTIONADA POR INTERVENIR EN UNA UNIDAD EDUCATIVA
El representante sindical de maestros del Liceo Quillacollo, Dr. Jorge Quirós, denunció que Santos habría acudido la pasada semana a la unidad educativa para intervenir en un caso de presunto abuso sexual ocurrido en marzo.
De acuerdo con la denuncia, el hecho se habría producido fuera del establecimiento; pese a ello, la concejal habría increpado a autoridades educativas y docentes, haciendo referencia a su condición de abogada y periodista.
El dirigente calificó la actitud de Santos como “prepotente y soberbia” y reclamó respeto a la institucionalidad educativa, cuestionando que una autoridad municipal pretenda asumir competencias que corresponden a otras instancias.
EL TRANSPORTE TAMBIÉN LE PIDE RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD
El dirigente de la línea 207, Héctor Montaño, presentó otra nota en defensa del nombre y trayectoria de su organización sindical.
Montaño señaló que no existe oposición a que cualquier hecho sea investigado por las instancias correspondientes, pero rechazó que una organización con más de 30 años de trayectoria sea utilizada o expuesta en lo que considera un posible “show mediatico”.
URKUPIÑA: TAMBIÉN OBSERVAN SU CONDUCTA
Una tercera denuncia por una ciudadana, hace referencia a presuntas actitudes de soberbia, confrontación y falta de respeto durante actividades protocolares de la festividad de Urkupiña, incluyendo acontecimientos vinculados a la misa central y al palco oficial del 14 y 15 de agosto.
Aunque esta denuncia no identifica directamente a Santos, los denunciantes consideran que existen antecedentes que ameritan una revisión institucional.
¿DÓNDE TERMINA LA FISCALIZACIÓN Y DÓNDE COMIENZA EL ABUSO DE ATRIBUCIONES?
El Reglamento General del Concejo establece que las y los concejales tienen entre sus atribuciones realizar actos de fiscalización al Órgano Ejecutivo dentro del marco de sus competencias.
Por ello, el debate que ahora se instala no es si una concejal puede fiscalizar, sino si puede intervenir directamente en asuntos que corresponden a otras instituciones o autoridades, invocando su investidura para hacerlo.
Los denunciantes exigen que Santos respete la institucionalidad y que su condición de concejal no sea utilizada para asumir funciones que corresponden a otras instancias.