El abogado Eduardo Mérida, vinculado a la defensa en el caso del doble asesinato de los esposos Claure, anunció que impulsará acciones penales contra el exfiscal departamental Osvaldo Tejerina por el presunto delito de prevaricato. También anticipó que denunciará a otros operadores de justicia por su actuación en el proceso.
La controversia judicial por el asesinato de los esposos Claure vuelve a tomar fuerza. Eduardo Mérida, abogado relacionado con el caso del propietario de la empresa La Papelera, anunció que buscará responsabilidades penales por las actuaciones que considera irregulares durante la investigación. “Ahora que no tiene el poder y fue destituido del cargo como fiscal, vamos a denunciar al consorcio de fiscales, jueces y abogados del caso Claure y buscaremos justicia para los inocentes y sancionaremos a los asesinos que fueron delatados por uno de los cómplices”, manifestó Mérida, según sus declaraciones.
Las críticas a la actuación fiscal se intensificaron durante 2026. En julio, Tejerina sostuvo que el caso estaba en revisión debido a una investigación sobre la presunta manipulación de pruebas por parte de tres policías.
En marzo, el Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía dispuso la baja definitiva de tres efectivos por hechos vinculados con la presunta manipulación de pruebas. Esa decisión correspondía a la vía disciplinaria y no constituía, por sí misma, una sentencia penal contra los involucrados.
Asimismo, el 7 de octubre de 2026, un reporte periodístico informó sobre una nueva denuncia disciplinaria presentada por la defensa de familiares de las víctimas contra Tejerina y otros fiscales, por presuntos incumplimientos de plazos e irregularidades en la tramitación del caso.
Por otra parte, Tejerina presentó su renuncia irrevocable al cargo de fiscal departamental el 3 de octubre, según información publicada el 6 de octubre. Por tanto, corresponde precisar que dejó el cargo mediante renuncia, de acuerdo con los reportes.
Para que prospere una eventual denuncia, Mérida anunció que corresponderá identificar las decisiones cuestionadas, exponer los hechos concretos y presentar elementos que sustenten la presunta comisión del delito. La determinación de responsabilidades compete al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales, conforme al procedimiento legal.