Ante la intensificación de los bloqueos en carreteras, que sumaban más de 40 puntos activos a mediados de mayo de 2026, principalmente en La Paz, diversos sectores productivos y turísticos han elevado sus demandas al Gobierno nacional de Rodrigo Paz para restablecer el orden.
La Cámara Boliviana de Transporte ha solicitado formalmente al gobierno intervenir los bloqueos utilizando a la Policía o a las Fuerzas Armadas (militares) para garantizar el libre tránsito.
La Cámara Hotelera y sectores agropecuarios de Cochabamba han declarado un «pedido de auxilio» debido a la cancelación total de reservas, la pérdida de productos y la imposibilidad de movimiento turístico, calificando la situación de «actividad delincuencial».
Empresarios privados han alertado sobre un riesgo de colapso económico y pérdidas millonarias, exigiendo acciones inmediatas ante el cerco que asfixia el abastecimiento de alimentos y combustibles. A medida que los bloqueos persisten, sectores comerciales han comenzado a solicitar medidas extremas como un «estado de excepción» en zonas conflictivas.