Constructores advierten paralización de obras y pérdida de empleos por alza del combustible. Acusan al Estado de no permitir reajustar precios de contratos ante el alza del diésel.
“¿Qué más puede generar? Esto va a generar que en el ámbito privado haya un incremento de los precios, pero en el ámbito público, lo que nos corresponde al sector constructor, los contratos que tenemos nosotros con el Estado no son pasibles de reajuste de precios. Por lo tanto, vamos a tener seguramente paralización de obras y una paralización de obra significa quitar fuentes salariales al personal porque sabemos que detrás de cada trabajador se encuentra una familia. Por lo que ustedes podrán ver, la afectación de este decreto no es únicamente a los grandes consumidores, no es a todos los ciudadanos de a pie. Consideramos que la medida de un sinceramiento de precio es adecuada; sin embargo, este decreto supremo está incompleto; no puede ponerse un precio solo para unos diferenciando a otros. Lo único que va a hacer es que se intensifique el contrabando, ya no externo, sino interno”, advirtieron los constructores.
Las cámaras de la construcción de Bolivia advierten que la escasez y el elevado costo del diésel ponen en riesgo la continuidad de las obras y la estabilidad laboral de los trabajadores.
Impacto en el sector constructor
El precio diferenciado del diésel para grandes consumidores (que alcanza los Bs 18 por litro) dispara los costos operativos de la maquinaria pesada. Los contratos firmados previamente con el Estado no contemplan ajustes automáticos ante estas variaciones, rompiendo el equilibrio financiero de las empresas.
La falta de abastecimiento continuo en los surtidores impide cumplir con los cronogramas, obligando a frenar frentes de trabajo tanto en el ámbito público como privado. Ante la imposibilidad de absorber los sobrecostos o financiar la maquinaria detenida, las constructoras alertan sobre despidos masivos y afectación a miles de familias. El sector exige la aplicación real de mecanismos de reajuste de precios y acuerdos modificatorios con las entidades estatales para evitar el colapso definitivo de la industria.