El empresario Wilson Sahonero denuncia a dos vocales evistas por prevaricato en el caso de EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN ante el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
El propósito de no conceder la prescripción, en este caso, por parte de los vocales, es el de proteger a la organización criminal de Maximiliano Dávila, que tiene involucrados a policías, fiscales, jueces y vocales, para que no pida el afectado el dinero que le fue confiscado en un allanamiento ilegal en su domicilio.
Entonces, todos están coadyuvando para que no ocurra eso, porque el dinero que habría sido confiscado no hay; “se lo han robado”. Al no dar la prescripción, logran el objetivo de que el damnificado no pueda recuperar el dinero que se ha confiscado (robado).
Al no dar la prescripción a Sahonero, siendo que es un delito, el propósito principal es hacer desaparecer el dinero confiscado y de esa manera los vocales puedan favorecer a la organización criminal que manejaba el entonces director general de la FELCN, el excoronel Maximiliano Dávila, quien está condenado en Estados Unidos a 25 años de cárcel por posesión de armas, narcotráfico y organización criminal. Este sistema criminal continúa favoreciendo a Dávila y a sus cómplices, como son el exjuez Armando Navia, los fiscales Raúl Arce Orellana, Miguel Trigo, Limber Claure, Andrea Reyes, Sandra Nina y por lo menos 10 policías involucrados.
PREVARICATO EN BOLIVIA
El delito de prevaricato en Bolivia, regulado por el Artículo 173 del Código Penal, sanciona a jueces y fiscales que emiten resoluciones contrarias a la ley de manera consciente. Esto incluye dictar decisiones manifiestamente ilegales o utilizar pruebas falsificadas. No se penaliza el error judicial razonable, sino que se requiere demostrar dolo, donde la autoridad es consciente de la ilegalidad de su fallo. Las sanciones varían de 5 a 10 años de prisión, multas de 251 a 400 días e inhabilitación, con penas más severas si la resolución causa condenas de inocentes o detenciones ilegales.
ANTE LA SITUACIÓN DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL DENTRO DE LA JUSTICIA INVOLUCRANDO JUECES, FISCALES, VOCALES Y POLICÍAS, SE REALIZÓ LA DENUNCIA:
El empresario Wilson Sahonero presentó una EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN ante el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, solicitando el archivo de obrados. A pesar de las reiteradas solicitudes, no recibió respuesta, lo que vulnera su derecho al acceso a la justicia. Su petición, orientada a extinguir la acción penal, fue declarada improcedente sin considerar el fondo del asunto, lo cual atribuye a múltiples atropellos por parte de autoridades jurisdiccionales a cargo de los vocales GIOVANNA PIZO GUZMÁN Y JESÚS VÍCTOR GONZALES MILÁN.
La solicitud de excepción para la extinción se presentó ante la autoridad señalando eventos clave que evidencian la prescripción. El auto de vista 86/17 del 28 de febrero de 2023 dejó sin efecto una excepción relacionada con la prescripción. La acción de amparo constitucional SCP 0103/2020-S1 definió el 26 de junio de 2014 como fecha referencial para el delito de legitimación de ganancias ilícitas, indicando que la prescripción también se cumple en otras fechas, como la denuncia del 15 de diciembre de 2015, el informe de inicio de investigaciones del 24 de diciembre de 2015 y la imputación formal del 16 de diciembre de 2016.
El texto analiza la prescripción de un delito basándose en los artículos 29 y 30 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 185 Bis del Código Penal, que indican que los delitos con penas de hasta seis años prescriben a los ocho años. Se concluye que la acción penal ha prescrito, con fechas de prescripción variando según la interpretación del auto de vista de 28 de febrero de 2023: 26 de junio de 2022, 24 de diciembre de 2023 o 16 de diciembre de 2024, estableciendo que la prescripción comienza a contarse desde la fecha del auto mencionado.
La resolución de los vocales se clasifica como prevaricato, ya que dictaron una decisión contraria a la ley. Según el artículo 29 del CPP, los delitos prescriben en momentos específicos. En este caso, el delito de LGI ya había prescrito, como lo demuestran antecedentes que evidencian el conocimiento de las autoridades sobre un auto de vista y una sentencia constitucional que establecieron dicho plazo. Sin embargo, emitieron una resolución negativa respecto a la prescripción, contraviniendo la ley.
En Bolivia, no todos los delitos cometidos por funcionarios públicos son imprescriptibles; la regla general es que sí prescriben, con la excepción específica de aquellos que atentan contra el patrimonio del Estado y causan un grave daño económico.
PREVARICATO EN EL MUNDO
El abuso de poder, prevaricato judicial o corrupción grave por parte de funcionarios públicos o jueces sí pueden ser castigados con penas muy severas, incluida la pena de muerte en el sistema legal de la República Popular China y penas más severas en el mundo hasta los 20 años de cárcel.
