El señor Martín Condori Hinojosa, junto a Martha Sánchez Villarroel, hace pública su profunda preocupación por una serie de presuntos hechos delictivos que involucran al abogado Wilson Saavedra Morales, respecto de quien se han promovido acciones penales ante el Ministerio Público.
Denuncia la presunta obtención de Bs. 2.168.000 mediante supuestas operaciones de préstamo, promesas de intereses, ofrecimiento de garantías y una operación inmobiliaria cuya legitimidad debe esclarecerse. En otro proceso penal, iniciado en contra de María Heidi Zegarra Claros por los delitos de estafa, falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, relacionado con un préstamo de Bs. 300.000, se cuestiona la documentación presentada como garantía hipotecaria, debido a que la información obtenida de derechos reales no coincidiría con los documentos entregados. En este segundo caso, se ha solicitado ampliar la investigación para esclarecer la posible participación de Wilson Saavedra Morales y Consuelo Inés Porcel Torres, además de la persona inicialmente denunciada.
Estos antecedentes generan serias dudas que merecen una investigación exhaustiva, independiente y transparente, particularmente respecto de la autenticidad de los documentos, el destino del dinero y la posible participación coordinada de otras personas.
Asimismo, expresamos nuestra preocupación por la actuación del Ministerio Público de Tiquipaya y solicitamos que se esclarezca cualquier posible omisión o irregularidad en la tramitación de las denuncias, garantizando que ninguna persona reciba un trato privilegiado y que las investigaciones se desarrollen con objetividad e igualdad ante la ley.
Por ello, exigimos que las autoridades competentes investiguen a fondo los hechos denunciados, dispongan las pericias documentológicas y financieras necesarias, determinen la participación individual de cada involucrado y establezcan si existen otras víctimas de mecanismos similares.
Esta denuncia pública busca evitar que hechos de esta gravedad queden sin esclarecer y exige respuestas institucionales oportunas, transparentes y sujetas a la ley.