La reciente posesión de la abg. Ninoska Ponce Villarroel, como Secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, ha desatado una ola de críticas y profunda desconfianza en la opinión pública. A pesar de haber sido presentada oficialmente por el Alcalde, donde diversos sectores de la sociedad civil cuestionan si la nueva autoridad cuenta con la idoneidad ética y moral necesaria para ocupar tan sensible cargo.
La controversia se centra en una serie de documentos del Ministerio Público que han salido a la luz pública recientemente. Estos registros detallan más de una decena de causas judiciales en las que Ponce aparece como “denunciada” entre los años 2011 y 2026. Los delitos señalados en su contra incluyen falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa, estelionato y asociación delictuosa.
“No se puede poner a cargo del desarrollo humano a alguien que tiene cuentas pendientes con la justicia por delitos que atentan contra la fe pública”, sentenció el portavoz de la denuncia, Roberto Chávez.
Chávez manifestó su profunda preocupación por el perfil de la funcionaria, calificando la designación como “un desacierto que pone en riesgo la institucionalidad”. Según el representante, Ponce no cumpliría con el perfil técnico ni moral requerido para administrar una cartera que gestiona servicios básicos fundamentales para la población más vulnerable del municipio.
Lo que más alarma a los denunciantes es la vigencia de varios procesos. Dos de las causas más recientes, fechadas en abril de 2026 y mayo de 2025, figuran actualmente en etapa “Preliminar” y “Preparatoria”, respectivamente, bajo cargos de falsedad y amenazas. Estos se suman a sentencias previas condenatorias registradas en años anteriores.
A pesar de contar con una trayectoria profesional que incluye 18 años como Notaria de Fe Pública y cargos de asesoría en la Cámara de Diputados, los críticos señalan que un servidor público de alto rango debe gozar de una “limpieza de antecedentes” intachable para garantizar la transparencia en la gestión pública.