La posible ampliación del estado de excepción generó rechazo entre sectores afines al evismo. Wilmar Colque, presidenta de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, cuestionó la medida y afirmó que desde su inicio no habría sido acatada por la población, señalando que el Gobierno debería atender primero las demandas vinculadas a la falta de combustible y la crisis económica.
Colque calificó el estado de excepción como una medida de “robo, saqueo y corrupción” y sostuvo que las organizaciones sociales continuarán levantando la voz para defender las conquistas sociales y expresar las necesidades de la población.
El Ejecutivo y una comisión de la Cámara de Diputados impulsan extender la vigencia de la medida por otros 90 días para evitar nuevos bloqueos de carreteras y preservar la estabilidad económica. Organizaciones de maestros urbanos, gremiales y transportistas han manifestado que saldrán a las calles a protestar, argumentando que el régimen excepcional no frena la crisis económica ni el incremento de precios en la canasta familiar.