El Gobierno nacional informó ayer que interpuso una denuncia ante el juzgado público de la niñez y adolescencia de Santa Cruz para que se dispongan medidas de protección sobre la niña de 11 años que quedó embarazada por una violación. Asimismo, se exige sanciones para terceras personas involucradas que pretendieron impedir la interrupción legal de la gestación.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, transmitió la decisión del Ejecutivo, a tiempo de condenar que se hubiera permitido que la Iglesia Católica, Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y otros grupos religiosos vulneraran la privacidad y los derechos de la menor y su familia.
Enfatizó que “nadie ajeno al entorno familiar tiene derecho a decidir sobre el futuro de la niña”, a tiempo de exigir que se activen los “mecanismos legales para proteger y resguardar los derechos de la niña”.