La señora Natividad, comerciante de 83 años de edad, denunció que la Intendencia Municipal de Cochabamba inició un proceso para despojarla de su puesto de venta en la zona de Pulacayo.
Según su abogado, Jhon Rioja, se trata de una presunta organización criminal integrada por las señoras María Cabrera Huanca y Rebeca Yujra, quienes habrían confeccionado documentos privados de deuda inventados por montos de 100.000, 200.000 y hasta 300.000 bolivianos, sin firmas de abogado ni respaldo legal alguno.
En lugar de remitir el caso a la vía ejecutoria ante el juez civil, el intendente municipal habría admitido esos documentos apócrifos para resolver el asunto por la vía administrativa y emitir resoluciones que ordenan el desalojo de la señora Natividad.
Los puestos en la zona oscilan entre 20.000 y 50.000 dólares de valor. Según el abogado, ese sería el móvil del modus operandi: inventar deudas, tramitar irregularmente en la Intendencia y obtener resoluciones para despojar a los legítimos poseedores, a pesar de que los puestos cuentan con patentes pagadas. Además, denunciaron que también se están apoderando de la mercadería.
El abogado advirtió que se solicitarán medidas de protección para impedir el despojo inmediato y se promoverán procesos penales por falsedad material y uso de instrumento falsificado. Destacó que la autoridad municipal estaría desconociendo una resolución del año pasado que reconoce a la señora Natividad como legítima propietaria del puesto.
«Van a entrar de testigos el alcalde, el intendente y el jefe de puestos para informar si conocen este modus operandi y por qué tratan de sacar una resolución a favor de dos mujeres, María Cabrera y Rebeka Yucra. Ya es hora de poner fin a los avasallamientos de los puestos de los comerciantes y más aún de la señora que no tiene hijos, no tiene familia, pero aquí estamos para hacer justicia y hacer prevalecer sus derechos de su puesto en la Pulacayo, un lugar estratégico en plena vía que lógicamente tiene un valor muy alto en dólares, y estarían asaltando el puesto y despojando a esta persona mayor de su fuente de trabajo», remarcó el abogado, calificando los hechos como un claro avasallamiento de derechos.