Santa Cruz
En un fallo clave ante la severa crisis social que azota al territorio nacional, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió la tutela de una Acción Popular. La resolución judicial ordena el levantamiento inmediato de los bloqueos de carreteras que mantienen aisladas a varias regiones, estableciendo con firmeza que el derecho a la protesta social no puede estar jamás por encima de los derechos fundamentales de la población, tales como la vida, la salud, la alimentación y el libre tránsito.
El recurso legal fue interpuesto por el exdiputado Amílcar Barral en contra de los principales promotores de las movilizaciones: Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), y el senador Nilton Condori. Asimismo, la demanda incluyó directamente al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, con el objetivo de exigir que el Poder Ejecutivo cumpla de manera obligatoria con su rol constitucional de garantizar el orden público y los derechos civiles en el país.
El dictamen judicial conmina al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana a ejecutar todas las acciones operativas necesarias para liberar las rutas de forma inmediata. Si bien el tribunal instó a priorizar el diálogo y la concertación pacífica para persuadir a los manifestantes, dejó en claro que las fuerzas del orden público están plenamente facultadas para intervenir y habilitar las vías si las mesas de negociación fracasan.
Un punto crítico del fallo es la advertencia sobre responsabilidades penales. La justicia determinó que, de persistir la intransigencia en los puntos de protesta, se procederá a la individualización de los delitos por persona. Esto significa que los dirigentes y manifestantes que impidan el paso de ambulancias, cisternas o alimentos básicos serán denunciados ante el Ministerio Público. La audiencia virtual ocurrió este viernes 15 de mayo de 2026 en medio de una enorme tensión nacional por el grave desabastecimiento total y absoluto.