La minería ilegal se expande en la región andina de Cochabamba, mientras crecen las denuncias de explotación clandestina, contaminación de fuentes de agua y pérdida de ingresos para el Estado. El problema apunta a las debilidades de la Ley 535 de Minería y Metalurgia y a la falta de controles efectivos sobre la producción y comercialización del oro.
Millones de dólares en recursos minerales salen de Cochabamba sin que su explotación se traduzca en ingresos para el departamento. Mientras la minería legal reporta regalías, las operaciones clandestinas avanzan al margen de la normativa y evaden estos pagos. La dimensión del negocio irregular todavía es difícil de establecer, pero las estimaciones del sector advierten sobre una pérdida económica que podría multiplicar varias veces la recaudación actual.
El presidente de la Cámara Departamental de la Minería de Cochabamba (Cademin), Mirko Bellott, señaló que el departamento recibió más de Bs 59 millones en el último año; sin embargo, advirtió que el panorama cambiaría considerablemente si se toma en cuenta la cantidad de operaciones que trabajarían al margen de la ley.
Según el reporte, si bien el mapa de la minería ilegal en Bolivia estuvo asociado principalmente a La Paz y Potosí, Cochabamba aparece ahora entre los departamentos donde esta actividad gana terreno, particularmente en municipios como Cocapata, Ayopaya, Mizque, Aiquile y Villa Tunari.
De acuerdo con datos oficiales, las exportaciones de minerales de Cochabamba alcanzaron los $us 357 millones entre enero y agosto de este año, un incremento del 45% respecto al mismo periodo de 2025. El wolframio encabezó las exportaciones, seguido de la plata y el zinc; sin embargo, estas cifras corresponden a la actividad exportadora registrada y no permiten determinar cuánto mineral se extrae de manera ilegal.
De esta manera, la minería ilegal continúa moviendo riqueza sin que exista un registro completo de sus operaciones ni una cuantificación precisa de los ingresos que deja de percibir el departamento.