Cuestionamientos sobre el origen de los recursos económicos con los que se movilizan de forma permanente los dirigentes del Trópico de Cochabamba salieron a la luz pública.
El abogado y analista político Dulfredo Flores instó a las autoridades competentes a investigar el patrimonio del expresidente Evo Morales y de sus seguidores allegados, exigiendo que se transparente de qué viven y cómo financian sus actividades políticas diarias.
La controversia gira en torno al sustento económico de la cúpula dirigencial del Chapare, un sector donde dirigentes afirman dedicar tiempo completo a la actividad política y orgánica.
Flores cuestionó este ritmo de vida y cuestionó la viabilidad de sostener movilizaciones, logística y permanencia mediática constante sin una fuente de ingresos formal o fiscalizada.
En el caso particular de Evo Morales, quien públicamente sostiene que su principal fuente de ingresos proviene de la piscicultura como criador de peces tambaqui en la región del Trópico, el analista planteó serias dudas sobre la envergadura y gestión de dicho proyecto. Según señalamientos vertidos desde la propia zona del Chapare, Morales mantendría trabajadores bajo un esquema de explotación laboral, lo que contradice el discurso del exmandatario.
Ante este panorama, el jurista remarcó la necesidad de que los órganos de fiscalización e investigación financiera auditen el patrimonio real de los líderes cocaleros y su entorno, a fin de que demuestren de manera formal sus fuentes de empleo, el origen de sus capitales y las vías de financiamiento de sus constantes movilizaciones políticas.
El gobierno de Bolivia ha denunciado formalmente que el narcotráfico financia las marchas y bloqueos de carreteras organizados por las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. De acuerdo con las declaraciones del vocero presidencial y del ministro de Gobierno, las movilizaciones impulsadas por el ala radical vinculada a Evo Morales forman parte de un «plan macabro» desestabilizador financiado con recursos de origen ilícito. Las autoridades sostienen que estos fondos financian la logística de las protestas, incluyendo alimentación, hospedaje, viáticos de dirigentes y explosivos.