Un profesor de una Unidad Educativa del municipio de Ivirgarzama, zona del trópico de Cochabamba, fue denunciado tras presuntamente haber abusado sexualmente de una de sus alumnas, una adolescente de 13 años de edad, en medio de un viaje de estudio.
Según la denuncia realizada en dependencias policiales y de acuerdo a las investigaciones preliminares, el hecho se habría registrado el pasado mes de junio, en un certamen deportivo escolar para el cual la delegación de la Unidad Educativa se trasladó hasta el departamento de Santa Cruz.
Aprovechando el entorno del viaje y la relación de poder sobre la menor, el docente habría agredido sexualmente a la víctima realizándole toques impúdicos.
Tras el hecho, la menor habría contado lo sucedido a su padre quien decidió formalizar la denuncia contra el educador en dependencias policiales.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos, la autoridad jurisdiccional determinó otorgar medidas sustitutivas al acusado, permitiéndole defenderse en libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Por su parte, el padre de la menor rechaza rotundamente la determinación con la que se habría beneficiado el maestro y pide justicia para su hija.
Según el relato del progenitor, su hija habría sido convocada por el maestro al tratarse de una buena jugadora, por lo que la invitó a participar de dicho certamen deportivo en la ciudad de Santa Cruz.
El padre comentó que su hija le mandó un mensaje por WhatsApp a media noche pidiéndole que le deposite dinero por QR para que ella pueda irse a la casa de una tía, porque ya no quería quedarse en el lugar junto a la delegación y al maestro.
«Me había escrito a mi suplicándome que le envíe dinero, como era media noche yo estaba durmiendo y recién leí a la mañana siguiente», detalló el progenitor.
El caso también genera cuestionamientos por la presunta recomendación de no denunciar inmediatamente los hechos para evitar afectar el resultado deportivo obtenido por el establecimiento.
Las autoridades competentes deberán esclarecer los hechos y garantizar la protección de las presuntas víctimas, respetando el debido proceso.