Por razones que aún se desconocen, el abogado Lurwing Ledezma, investigado por presunta violación agravada a una adolescente de 12 años y que se encontraba recluido en el penal de Cantumarca (Potosí), fue ingresado a la cárcel de San Antonio.
Sin embargo su ingreso estuvo marcado por un mitin de los reclusos de este penal, quienes se negaron rotundamente a su regresó, acusándolo de realizar una serie de extorsiones y amenazas a los privados de libertad.
De acuerdo con información recogida en el recinto penitenciario, Ledezma se encontraba inicialmente recluido en el penal de San Antonio y posteriormente fue trasladado a Cantumarca, en Potosí, luego de que se registraran denuncias disciplinarias y acusaciones relacionadas con presuntas presiones y amenazas contra fiscales que conocieron su caso.
Por circunstancias que aún no fueron esclarecidas, el abogado retornó al penal de San Antonio , sin embargo, su llegada generó rechazo entre los internos, quienes exigieron que no sea incorporado al sector común del recinto, por lo que tuvo que permanecer en aislamiento externo.
Durante el mitin, los privados de libertad realizaron una serie de denuncias contra Ledezma. Entre ellas, lo acusan de presuntamente haber extorsionado a internos, solicitándoles dinero bajo la promesa de conseguir su libertad mediante supuestos contactos con fiscales y jueces.
Los reclusos sostienen que el abogado realizaba amenazas y presiones dentro del recinto penitenciario. Los internos aseguran que Ledezma actuaría como si tuviera control sobre el penal y que habría advertido a algunos privados de libertad que podía utilizar sus supuestos contactos judiciales para gestionar su traslado a otros recintos penitenciarios o incluso fuera del departamento.
“Se cree dueño del recinto”, manifestaron algunos internos durante el reclamo, según se escucha en registros audiovisuales del mitin.
La Policía tomó conocimiento de estas protestas y decidieron reforzar la seguridad al interior de dicho penal, para precautelar la seguridad de los internos, mientras las autoridades penitenciarias evalúan la situación.