La Justicia ratificó el día martes la detención preventiva por tres meses para Ruth Nina, seguidora del expresidente Evo Morales, acusada de instigación pública a delinquir, delitos electorales y amenazas. La audiencia de apelación a las medidas cautelares, desarrollada de forma virtual, concluyó con la resolución que confirmó la decisión inicial, negando la posibilidad de que la imputada recupere su libertad.
El abogado Jhonn Rioja cuestionó la decisión asumida por la autoridad jurisdiccional, ya que esperaba que para su defendida se pueda asumir una medida menos gravosa como la detención domiciliaria.
“(Estoy) decepcionado de la justicia porque reciben presión política. No sé por qué los señores jueces no solo hacen su trabajo puntual, sí corresponde; tanto miedo al político, no hagan caso a los gobiernos de turno, ni a este, ni a otros señores jueces”, indicó a los medios.
Nina permanecerá recluida en el penal de San Sebastián Mujeres, en Cochabamba, al menos durante el periodo fijado. La medida responde a declaraciones consideradas de alto riesgo para la estabilidad social, ya que la acusada habría emitido amenazas de muerte a pocos días de las elecciones generales.
Nina está acusada por los delitos de instigación pública a delinquir, amenazas y delitos electorales por haber dicho que el 17 de agosto «el gobierno contará muertos y no votos». Está en la cárcel de San Sebastián Mujeres desde el pasado 26 de julio.
Miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), que dieron seguimiento a la audiencia, manifestaron su satisfacción parcial con el fallo. “Habíamos solicitado seis meses, pero consideramos que estos tres meses son un paso importante para garantizar que este domingo vivamos una verdadera fiesta electoral y que la población boliviana pueda ejercer su derecho en paz”, señalaron.
El caso, que ha generado amplia repercusión mediática, se mantiene bajo seguimiento de las autoridades judiciales y de organizaciones de la sociedad civil, que ven en esta decisión un mensaje de firmeza frente a amenazas que podrían alterar el desarrollo pacífico del proceso electoral.