El excandidato a la alcaldía José Carlos Sánchez Verazaín hace una dura crítica a los diputados y senadores que representan a Cochabamba tras solicitudes de una Ley Antibloqueos antes de que termine el estado de excepción: «Dejen de engañarnos y hagan su trabajo»
En un video en redes sociales que grabó dentro de un taxi mientras asistía a una reunión de trabajo, afirmó: “Escuché en las noticias que hay diputados que quieren una Ley Antibloqueos antes de que acabe el estado de excepción y debemos aclarar a la población que no se necesita una ley específica para hacer respetar los derechos que están consagrados en la Constitución Política del Estado. Es decir, si al presidente, a la policía, al ministro de gobierno, al ministro de defensa les diera la gana de aplicar la normativa, no estaríamos escuchando a esta manga de diputados ignorantes que para tener micrófono salen a hablar y hacer planteamientos que podrían servir, pero no dejan de ser ridículos. Ciudadanos bolivianos, pongámonos a razonar y cuando analicemos este contexto, se van a dar cuenta de que todo lo que digo es verdad. Tenemos gente que vive en la Asamblea Nacional, como diputados y senadores sin ningún tipo de formación, y solo salen a los medios de comunicación a distraernos. Lo que tiene que primar es el respeto a la ley y la seguridad jurídica, y eso está en manos de todas las autoridades. Respetemos el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, sobre el uso independiente de todos los órganos de poder, donde cada uno haga su trabajo, y dejemos de inventar excusas para no avanzar como un país”
Parlamentarios de oposición y oficialismo en la Cámara de Diputados exigen acelerar el tratamiento y aprobación de la Ley Antibloqueos antes de que concluya el actual estado de excepción en septiembre de 2026, con el fin de evitar el retorno de cortes de ruta y garantizar la libre circulación permanente.
El estado de excepción rige por 90 días y su vigencia expone la necesidad de contar con una norma ordinaria permanente que frene futuras medidas de presión. La iniciativa impulsada por sectores legislativos propone sanciones de cárcel de 3 a 20 años para bloqueadores y organizadores, pero su debate ha enfrentado retrasos en las comisiones correspondientes.